Los productores hondureños ya tienen una herramienta legal para renegociar sus deudas con la banca estatal. El Decreto 128-2026, que contiene la Ley de Alivio Financiero al Productor del Agro, entró en vigor tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, según confirmaron este 5 de agosto la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y medios nacionales. La norma busca aliviar la mora que arrastra el campo, cercana a los 3,000 millones de lempiras en la banca de desarrollo del Estado.
Qué establece el Decreto 128-2026
La ley abre la puerta a la readecuación de créditos agropecuarios en mora. También crea un seguro agropecuario para cubrir pérdidas por sequías, lluvias excesivas y otros riesgos climáticos, y extiende beneficios de refinanciamiento a través de Banadesa y Senprende.
El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, explicó que la medida «responde a una necesidad real del sector productivo» y que no representa una condonación de deudas, sino una reestructuración de los compromisos existentes.
Los productores deben tener claro este punto: la ley no borra lo que deben. Readecuar significa pactar nuevos plazos y tasas, no eliminar la obligación original.
Quiénes podrían solicitar la readecuación
La norma distingue entre grupos productivos y aplica fechas de corte distintas para cada uno. Los agricultores y ganaderos en general, junto con las empresas asociativas campesinas, podrían acceder si su mora o cuotas vencidas datan de hasta el 31 de diciembre de 2023.
Los arroceros, salineros y camaroneros pequeños y medianos cuentan con una fecha de corte distinta: el 31 de diciembre de 2025.
Esta diferencia importa porque un productor con deudas posteriores a esas fechas podría quedar fuera del beneficio. Por eso conviene verificar cada caso directamente con Banadesa o Senprende antes de asumir que se califica.
Plazos y obligaciones que cubre la ley
Los reportes disponibles coinciden en que la readecuación podría extenderse hasta 15 años, con una tasa preferencial cercana al 2% anual, y que existirían condiciones aún más favorables para productores de granos básicos.
Sin embargo, hay versiones distintas sobre el plazo exacto y el periodo de gracia, así que cada productor debería pedir por escrito las condiciones finales antes de firmar cualquier readecuación.
La ley tampoco garantiza la aprobación automática de cada solicitud. Cada caso pasará por una evaluación de la entidad financiera correspondiente, que revisará mora, garantías y documentación.
Cómo funcionaría el seguro agropecuario
El Gobierno destinará 100 millones de lempiras para subsidiar hasta el 80% del costo de las primas del seguro agropecuario. El mecanismo busca proteger a productores de maíz, arroz y frijol frente a pérdidas climáticas, sobre todo en tierras sin sistemas de riego.
Aun así, el propio presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reconoció en junio que el reglamento específico del seguro todavía debía tramitarse con la Secretaría de Finanzas antes de que los productores pudieran usarlo. Por eso, ningún productor debería asumir que el seguro ya está disponible para contratarse sin confirmar antes con la SAG si el reglamento fue publicado.
Datos que los productores deben confirmar antes de solicitar
Antes de acudir a Banadesa, Senprende o cualquier banco, cada productor debería confirmar por su cuenta: la fecha exacta de publicación en La Gaceta, si el reglamento del seguro agropecuario ya está vigente, los documentos requeridos para la readecuación, y si su rubro y fecha de mora califican según el decreto.
Las organizaciones campesinas piden cautela. El dirigente Darwin Cálix advirtió que la ley «no es borrón y cuenta nueva», sino un mecanismo para ordenar deudas pendientes. Freddy Torres, de la Asociación Nacional de Agricultores, insiste en que el alivio financiero debe acompañarse de incentivos de producción, porque la caída en la siembra ya se siente en valles como Comayagua y Jesús de Otoro.
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