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Honduras presenta su primer censo nacional en 13 años

Honduras ya tiene en marcha su primer censo nacional en 13 años. El Instituto Nacional de Estadística (INE) lanzó oficialmente, el 5 de agosto de 2026, el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda. El operativo buscará tocar la puerta de unos 2.6 millones de hogares en los 18 departamentos del país. Por eso, miles de familias hondureñas recibirán en las próximas semanas la visita de un censista. Así que conviene entender cómo funciona el proceso, quién lo respalda y qué pasa con la información de cada hogar.

Cómo funcionará el Censo Nacional 2026

El operativo movilizará a cerca de 14,000 empadronadores, quienes recorrerán casa por casa para completar el cuestionario, según confirmó el INE a la agencia EFE. Sin embargo, la cifra total del personal es mayor. Durante el lanzamiento, autoridades señalaron que más de 15,000 personas participarán en todo el operativo nacional. Esa cifra suma también a supervisores, coordinadores municipales y personal técnico que no visita hogares directamente. En otras palabras, los 14,000 son quienes entrevistan a las familias, mientras que los 15,000 incluyen además a todo el equipo de apoyo.

A diferencia de censos anteriores, este levantamiento incorpora tabletas electrónicas y cartografía digital con georreferenciación en tiempo real, según explicó Lorenzo Escondeur, jefe de Operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Honduras. Gracias a esta tecnología, el INE espera acelerar la captura de datos y reducir el uso de papel frente al formulario físico del censo de 2013.

Sobre la fecha exacta del recorrido casa por casa, la información oficial no ha sido uniforme. Un comunicado de julio señaló que el trabajo de campo en Cortés arrancaría el 17 de agosto. Sin embargo, material difundido el día del lanzamiento mencionó el 10 de agosto para ese mismo departamento. Por lo tanto, la fecha precisa en cada municipio debe confirmarse con las oficinas del INE o la alcaldía local.

Cómo identificar a un censista del INE

Ante la desconfianza que puede generar la llegada de un desconocido al hogar, el INE definió un protocolo claro. Cada censista porta un chaleco y una gorra amarillos con el nombre del censo, además de un gafete con fotografía, nombre completo y un código QR. Al escanear ese código con el celular, cualquier persona puede confirmar que el censista está registrado, a través del Verificador de Personal de Campo del INE.

Antes de ingresar a la vivienda, el censista debe identificarse y explicar que la información quedará protegida por criterios de confidencialidad. Si existe alguna duda sobre su identidad, lo recomendable es no permitir el ingreso hasta verificar el gafete y el código QR.

Qué pasará con la información de cada hogar

El cuestionario inicia con la identificación del jefe o jefa del hogar. Luego indaga sobre la vivienda: el tipo de inmueble, la procedencia del agua y la fuente de energía para cocinar. También pregunta si la vivienda es propia, está en pago, alquilada o prestada. Además, aborda la migración internacional de los últimos diez años, la pertenencia a pueblos originarios o afrodescendientes y el acceso a tecnología.

Toda esa información queda protegida bajo secreto estadístico, de acuerdo con la Ley del INE. Así, los datos individuales no pueden usarse para fines distintos a los estadísticos ni compartirse con otras instituciones. En consecuencia, ninguna autoridad puede usar las respuestas de una familia para trámites migratorios, tributarios o judiciales.

Por qué Honduras necesita datos actualizados

El último censo se levantó en 2013. Por eso, el país ha tomado decisiones de política pública durante más de una década con cifras desactualizadas. Un censo reciente permite calcular con precisión cuánta gente vive en cada municipio y hacia dónde debe dirigirse la inversión pública en servicios básicos. Además, organismos como el BID y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) acompañan el proceso para garantizar estándares internacionales.

Mientras tanto, universidades, investigadores y gobiernos municipales podrán planificar proyectos de infraestructura, salud y educación con cifras verificadas, en lugar de estimaciones.

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